La trazabilidad reviste una importancia decisiva para la protección de los consumidores, ya que es la que permite seguir el rastro de cualquier producto, ya sea de origen vegetal o animal, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución. De hecho, es una herramienta de gestión del riesgo que contribuye a facilitar la retirada de los alimentos en los que se haya detectado alguna incidencia y permite que los consumidores reciban información específica y exacta sobre los productos en cuestión.

Para lograr la trazabilidad, las empresas alimentarias deberán seguir obligatoriamente un sistema que les permita identificar a sus proveedores y clientes, excepto cuando éstos sean los consumidores finales. Este proceso está regulado en el Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002.